RD ajusta Código Penal: más sanciones, más protección, pero decisión aplazada
Santo Domingo.– El Senado de la República Dominicana decidió dejar sobre la mesa el proyecto de reforma del nuevo Código Penal, que contempla 124 modificaciones sustanciales orientadas a reforzar el régimen de sanciones penales y garantizar una mayor protección de los derechos fundamentales.
Las propuestas fueron presentadas por el senador Cristóbal Venerado, quien explicó que los ajustes abordan tanto cuestiones de forma como de fondo, con el objetivo de adecuar el marco jurídico a las demandas actuales de la sociedad, en especial en casos de feminicidios, sicariato, homicidios y violencia intrafamiliar.
Uno de los cambios más relevantes es la reforma del artículo 73, que elimina la opción de “tratamiento hormonal voluntario” para agresores sexuales.
En su lugar, se plantea la inscripción obligatoria de estos en un registro oficial bajo control del Ministerio Público y la prohibición de que trabajen en contacto con menores.
El proyecto también fortalece la persecución de delitos de lesa humanidad. El artículo 86 impone penas de entre 30 y 40 años de prisión y multas significativas por estos crímenes, mientras que el artículo 87, sobre genocidio, amplía su definición y contempla castigos similares para quienes atenten contra grupos nacionales, étnicos o religiosos.
Respecto a la desaparición forzada, el artículo 88 responsabiliza directamente a agentes estatales o grupos con poder oficial que priven de libertad y oculten a las víctimas.
Las penas oscilan entre 20 y 30 años, y se agravan a 40 años si se trata de personas vulnerables como niños, embarazadas o periodistas.
En materia de homicidios, se diferencia entre el homicidio simple, que se sanciona con penas de 10 a 20 años, y el homicidio agravado, con castigos de 20 a 30 años y multas adicionales.
También se considerarán agravantes el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima o la violación de órdenes de protección.
El texto incluye cambios al artículo 101, sobre cooperación al suicidio, que ahora prevé penas de 4 a 10 años, elevándose a 10 a 20 años cuando se presenten circunstancias agravantes, como vulnerabilidad de la víctima o coacción psicológica.
Aunque se reconoce el avance que implican estas modificaciones, el Senado optó por postergar su aprobación definitiva, manteniendo el debate abierto sobre temas sensibles y dejando espacio para un consenso más amplio antes de su promulgación.
